El pasado martes 10 de septiembre de 2024, el Gobierno de España aprobó un nuevo Real Decreto con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de las empleadas de hogar en el país. Este decreto, que fue presentado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, busca dotar de seguridad y aumentar los derechos de las 367.900 personas que trabajan en este sector en España. La mayoría de estas trabajadoras son mujeres, muchas de ellas migrantes, que desempeñan un papel fundamental en la sociedad española.
Contexto del Real Decreto: Una Deuda Histórica
El colectivo de empleadas del hogar ha sido históricamente uno de los más desprotegidos en términos laborales. Más del 95% de las empleadas del hogar en España son mujeres y un 45% de ellas son migrantes, muchas de entre 40 y 50 años. Yolanda Díaz enfatizó en su intervención que este decreto «salda una deuda histórica».
Hasta hace pocos años, las empleadas del hogar no tenían acceso a derechos laborales básicos como la misma indemnización por despido que el resto de los trabajadores. Este nuevo decreto pretende corregir estas desigualdades históricas mediante la introducción de cinco medidas clave que garantizarán una mayor seguridad y protección para estas trabajadoras.
Cinco nuevos derechos fundamentales para las empleadas de hogar
La nueva legislación establece cinco derechos fundamentales que marcan un cambio importante en la regulación del sector:
1. Derecho a la evaluación de los riesgos laborales:
La normativa reconoce el derecho de las empleadas de hogar a ser protegidas frente a los riesgos laborales asociados a su trabajo. La responsabilidad de esta protección recae sobre el empleador, quien está obligado a proporcionar un entorno de trabajo seguro. En un plazo de diez meses, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo pondrá a disposición de los empleadores una herramienta para la elaboración de informes de riesgos laborales, facilitando así la identificación de peligros.
2. Derecho a equipos de protección adecuados:
Las empleadas de hogar tienen derecho a contar con equipos de trabajo y protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones. Esta responsabilidad recae sobre el empleador, quien debe garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras.
3.Derecho a dejar de trabajar en caso de riesgo grave:
Ante un riesgo grave e inminente, las trabajadoras tienen el derecho de interrumpir su actividad laboral y abandonar el domicilio si es necesario, sin temor a represalias. Esta medida es clave para proteger la integridad de las empleadas ante situaciones peligrosas.
4.Derecho a la protección ante violencia o acoso:
La normativa establece que las empleadas del hogar tienen derecho a protección frente a situaciones de violencia y acoso, incluidas las de índole sexual, racial o de género. Además, en caso de violencia o acoso, las trabajadoras pueden abandonar el domicilio sin que se considere una dimisión o causa de despido, y solicitar la extinción del contrato con derecho a indemnización por despido improcedente.
5.Derecho a reconocimientos médicos gratuitos:
Las empleadas de hogar tendrán derecho a un reconocimiento médico anual gratuito para evaluar posibles riesgos para su salud derivados de su trabajo. Este servicio será promovido por el Ministerio de Sanidad como parte de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
¿Cómo afecta a quienes dan trabajo a estas empleadas?
La nueva ley obligará a los empleadores a llevar a cabo una evaluación de los riesgos que puedan suponer los domicilios donde van a trabajar estas empleadas, y lo harán a través de una herramienta proporcionada por el INSST que todavía está por determinar. Además, el empleador deberá proveer de forma gratuita de «los equipos de trabajo adecuados para el correcto desempeño de sus funciones», y los repondrán cuando resulte preciso. Aquí se incluyen los EPIs (Equipos de Protección Individual).
El empleador además tendrá la obligación de informar y adoptar las medidas necesarias en caso de que pueda haber un peligro grave e inminente en el hogar, y no podrá exigir la reanudación del trabajo mientras ese peligro persista.
No obstante, las familias que emplean personal en sus casas no tendrán que asumir, en principio, mayores gastos, salvo que quieran contratar un seguro que les provea el servicio. «Este derecho está sustanciado a través de lo público, es decir, se va a sostener con una acción inequívoca de las administraciones públicas. Nadie va a ver incrementados sus gastos», ha adelantado la ministra de Trabajo.
¿Cuándo entra en vigor?
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) tendrá diez meses para elaborar y poner a disposición de los hogares la herramienta para facilitar el cumplimiento de la evaluación de los riesgos del lugar de trabajo. Con todo, las obligaciones en materia de prevención de riesgos que incluye esta nueva ley no serán exigibles hasta enero de 2026.
Además, el INSST tiene un plazo de 12 meses para elaborar una guía técnica con toda la información necesaria para el conocimiento de los nuevos derechos y obligaciones. Por otro lado, habrá que esperar a que el SEPE dicte una resolución para poner en marcha las actividades de formación en materia preventiva.
Se suma a los derechos alcanzados en 2022
En septiembre de 2022, el Gobierno aprobó el derecho a paro de estas empleadas, algo que el colectivo llevaba décadas reclamando. El Ejecutivo aprobó entonces un paquete de medidas que buscaba equiparar las condiciones laborales de este colectivo al resto de trabajadores y trabajadoras.
También se acabó con la posibilidad de despedir sin causa justificada, ya que se suprimió la figura del «desistimiento» en la regulación del sector, y se incluyó a estas trabajadoras en la Ley de Prevención de riesgos laborales, fijando como obligación que se garantizase que su día a día en el trabajo se desarrolla de forma segura y sana y con medidas adecuadas.
Impacto del nuevo Decreto en el sector del servicio doméstico
El real decreto no solo mejora las condiciones laborales de las empleadas de hogar, sino que también implica un cambio en la forma en que los empleadores, que en muchos casos son ciudadanos particulares, gestionan las relaciones laborales. Los nuevos derechos laborales garantizan una mayor seguridad y reconocimiento para las trabajadoras del hogar, promoviendo un entorno de trabajo más justo y equitativo.
Con estas nuevas medidas, no solo se busca no solo mejorar las condiciones laborales de estas trabajadoras, sino también reconocer su vital contribución a la sociedad. La implementación de estas disposiciones no solo mejorará la seguridad y protección de las empleadas del hogar, sino que también fomentará un ambiente de trabajo más justo y equitativo.
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